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La Constitución iraní prohíbe investigar las creencias de cualquier persona y arrancarle una confesión mediante tortura. En apenas diez días, organizaciones de derechos humanos informaron de una condena a muerte contra un bahaí en Kermán, de 44 años de cárcel para cinco de sus coacusados, de 26 años para un fotoperiodista bahaí y de penas de prisión para árabes suníes por sus actividades religiosas. Parece que los jueces iraníes se han saltado algunos artículos.
En octubre, el Senado de Pakistán y su Tribunal Constitucional Federal abordaron los casos de dos niñas de minorías religiosas presuntamente secuestradas, convertidas al islam y casadas. Los senadores escucharon que la policía no había actuado a causa de un recurso que dos abogados calificaron de falso. Mientras tanto, el partido religioso JUI-F quiere que el Tribunal Federal de la Sharía permita que sea la pubertad, y no los 18 años, la que determine quién puede casarse.
Diez días después de que el Tribunal Supremo de Pakistán confirmara la condena a muerte de un cristiano por un blog, un tribunal de Lahore envió a otros cuatro hombres al corredor de la muerte por unos mensajes de WhatsApp. En Sahiwal, la policía imputó a un hombre al que ella misma describe como mentalmente inestable. A finales de junio, 491 personas acusadas de blasfemia seguían a la espera de juicio en las cárceles del Punyab.
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En octubre, Irán ahorcó o condenó a muerte, por enemigos de Dios o rebeldes, a un montañero, a un artista defensor de los animales, a un huérfano acusado de dañar bienes públicos, a una activista kurda, a un seminarista baluchi y a un profesor de Corán iraquí. Dos expertos de la ONU respondieron sumándose a la huelga de hambre de los presos.
En Punyab, una turba quemó la clínica y la casa de un farmacéutico cristiano acusado de blasfemia por un vídeo de WhatsApp, menos de un día después de su detención. El Tribunal Supremo, por su parte, necesitó trece aplazamientos para liberar a un hermano cristiano y mantener al otro en el corredor de la muerte. En Sindh, dos hermanas hindúes de 13 y 14 años esperaron siete semanas para volver a casa, mientras en la frontera afgana el ejército combate a unos khawarij que, según él, están patrocinados por la India y protegidos por los talibanes.
Irán ahorcó a 2.003 personas en doce meses, según HRANA, la mayoría por asesinato y delitos de drogas. Las últimas semanas muestran dónde reside el verdadero celo del régimen: una condena a muerte por una publicación sobre el Profeta, décadas de cárcel para bahaíes y cristianos, la horca para manifestantes condenados por «hacer la guerra a Dios». Hasta los cafés de Teherán están ahora bajo sospecha.
El 3 de octubre, una turba procedente de una localidad suní vecina volvió a irrumpir en Suqaylabiyah, una localidad cristiana del centro de Siria. A continuación, las fuerzas de seguridad citaron a dieciséis de sus jóvenes para interrogarlos. Esa misma semana, al menos diez alauíes murieron en dos tiroteos distintos. En la nueva Siria, la justicia es imparcial: también se interesa por las víctimas.
El 5 de octubre, la Corte Penal Internacional hizo públicas las órdenes de detención contra el líder supremo de los talibanes, su presidente del Tribunal Supremo y sus dos ministros de Educación, acusados de perseguir a mujeres y niñas. Ese mismo día, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acordó que el trato que dan a las mujeres debería conmocionar a la humanidad. Los talibanes respondieron que solo la sharía puede juzgarlos, según su propia interpretación.
En septiembre de 2025, radicales de una aldea paquistaní impidieron el entierro de una mujer ahmadí en el cementerio concedido a su comunidad en 1947, y la policía abrió diligencias contra unos 30 ahmadíes. Desde entonces, la propia comisión de derechos humanos de Pakistán ha documentado cómo la policía destrozaba lápidas ahmadíes. Un año después, expertos de la ONU denuncian la complicidad de las autoridades.
El 30 de septiembre, el ministro del Interior de Bangladés presentó su plan de seguridad para la Durga Puja: centros de vigilancia permanentes, una aplicación, credenciales para los voluntarios y unos servicios de inteligencia que no habían señalado ningún recinto como de alto riesgo. Esa misma noche, en Tangail, siete ídolos que se preparaban para la festividad fueron destrozados, entre ellos el de la diosa Durga. Ocho noches después, en Kushtia, otros cuatro perdieron la cabeza.
La Constitución egipcia proclama que la libertad de creencia es absoluta. Said Abdelrazek, converso del islam al cristianismo, permanece detenido desde julio de 2025 y está siendo juzgado por un tribunal antiterrorista. La máxima autoridad islámica del país explicó el matiz hace años, en televisión.
Sesenta y nueve bahaíes entre rejas, registros domiciliarios de Shiraz a Yazd, una mujer condenada a más de cinco años por ofender la ley sagrada del islam y agentes de seguridad que se llevan alianzas de boda y juguetes infantiles. En la República Islámica, perseguir a una minoría religiosa se ha convertido a la vez en un deber piadoso y en una fuente de ingresos. Modesta, según los economistas. Lo que cuenta es el principio.